El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que Nicolás Maduro fue apresado en la madrugada durante una operación militar realizada en territorio venezolano y trasladado fuera del país para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración criminal y narco-terrorismo, según declaraciones ofrecidas por autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación se ejecutó en las primeras horas del día y que Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense, junto a su esposa Cilia Flores. De acuerdo con el mandatario, ambos serán procesados conforme a acusaciones presentadas desde 2020 en tribunales federales, relacionadas con el tráfico de grandes volúmenes de cocaína hacia Estados Unidos, el uso de estructuras estatales venezolanas para actividades ilícitas y vínculos con organizaciones criminales armadas.
La fiscal general estadounidense Pam Bondi indicó que los cargos incluyen conspiración para importar drogas, narco-terrorismo y posesión de armas de uso prohibido, y que el caso será conocido por una corte federal en Nueva York. Señaló que la acción responde a procesos judiciales abiertos y no a una decisión improvisada del actual gobierno.
Desde Caracas, autoridades venezolanas rechazaron la versión estadounidense y denunciaron una agresión militar, al tiempo que aseguraron que no existe confirmación oficial sobre el paradero de Maduro. Voceros del Ejecutivo exigieron información verificable y calificaron la operación como una violación de la soberanía nacional.
Qué se abre para Venezuela en lo inmediato
En el plano interno, la ausencia pública de Maduro ha generado incertidumbre sobre la conducción del poder ejecutivo y el rol de la Fuerza Armada, mientras distintos sectores políticos llaman a preservar el orden público. La oposición ha reaccionado con cautela, insistiendo en una salida constitucional sin anunciar pasos concretos.
A nivel internacional, el anuncio ha provocado reacciones divididas. Mientras Washington sostiene que actuó en el marco de la justicia penal, varios gobiernos han expresado preocupación por las implicaciones regionales y la estabilidad política de Venezuela. En paralelo, persiste la inquietud sobre el impacto que este escenario pueda tener en la ya frágil situación económica y social del país.
